• Eduardo Mondino

Juntos por el Cambio debate un rediseño del sistema de planes sociales

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Las fundaciones de la coalición opositora plantean una revisión del esquema actual de programas asistenciales; proponen quitar la intermediación de las organizaciones y establecer una temporalidad.

La crisis se espiraliza y pone en jaque al Gobierno del Frente de Todos, pero también inquieta a Juntos por el Cambio (JxC). A la inestabilidad macroeconómica y la escalada inflacionaria por la disparada del dólar se suma la creciente conflictividad social en las calles. En su fuero íntimo los jefes opositores admiten el temor a un colapso que altere sus planes electorales.


En caso de volver al poder en 2023, en la cúpula de JxC dan por descontado que lidiaran con una economía resquebrajada, con fuertes desequilibrios en todos los frentes, y un rosario de demandas del espectro social. Prevén que habrá que impulsar profundas modificaciones en materia cambiaria, fiscal y monetaria. Y el margen de maniobra, aventuran, será mínimo. Por eso, redoblan esfuerzos para consensuar posturas en torno a los lineamientos centrales del programa económico que preparan para el año próximo.


Uno de los temas de la agenda económica que más interpela a Juntos por el Cambio es el manejo de la política social y el vínculo con las organizaciones piqueteras. No son pocos los líderes del conglomerado opositor, desde Patricia Bullrich (Pro) o Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) o incluso en la UCR, que alzaron sus voces para cuestionar la gestión de Mauricio Macri en esa área. En términos generales, consideran que Cambiemos tuvo una postura concesiva con los movimientos sociales y no supo confrontar visiones con dirigentes como Juan Grabois o Emilio Pérsico ni crear una estrategia alternativa para abordar la pobreza.


Desde hace meses, integrantes de las fundaciones Alem (UCR), Encuentro Federal, Hannah Arendt (CC) y Pensar (Pro) debaten un paquete de medidas para reformular el esquema actual de planes sociales. En ese equipo temático conviven larretistas, como la ministra porteña María Migliore, y emisarios de Bullrich -el politólogo Matías Lobos- con los radicales Fabio Quetglas y Ángel Valmaggia. También forman parte de la mesa Fernanda Reyes (CC), quien trabaja junto con Héctor “Toty” Flores; y Eduardo Mondino, presidente del think tank de la fuerza de Pichetto, entre otros.


Parten de dos premisas centrales, que fueron incluidas en el documento aprobado por la mesa nacional de Juntos por el Cambio en la cumbre temática que se realizó en mayo pasado en La Matanza. Por un lado, consideran que los programas asistenciales deben ser temporales. Y, por el otro, sostiene que el Estado debe recuperar el control de la política social de manera directa. Es decir, eliminar la intermediación de los movimientos sociales.


La discusión por ahora gira en torno a cómo lograr esos objetivos. Si bien presumen que un eventual nuevo gobierno de JxC tendrá un mayor poder político que Macri, quien tuvo minoría en ambas cámaras del Congreso, para enfrentar una reforma estructural de los planes, los jefes opositores son conscientes de que no será sencillo lidiar con las organizaciones piqueteras, sobre todo, las más combativas. “Nadie tiene una visión simplista ni piensa que si eliminan los planes, baja el déficit fiscal”, comenta uno de los referentes sociales de JxC.


Rechazo al salario básico universal

Por caso, JxC descarta de plano la idea de implementar un salario básico universal, que reclaman un sector del kirchnerismo y de las organizaciones sociales para sortear la crisis, ya que entienden que agravaría el problema fiscal y “no tiene el potencial para romper dinámicas de pobreza estructural” ni apunta a crear más trabajo. Al contrario, justifican, colisionaría con la necesidad de reducir la informalidad laboral.

En JxC coinciden en que la política social debe tener como objetivo “la integración de las personas excluidas a partir de la producción y no solo desde el consumo”. “Las transferencias directas de ingresos no alcanzan por sí solas para consolidar el tejido social. Debemos empezar a transformar más que a contener”, argumentaron en un documento interno sobre el salario básico universal.


En la coalición opositora hay un diagnóstico común. Los referentes del área sostienen que el sistema actual de programas sociales no solo está “segmentado” y “desarticulado”, sino que también es “discrecional y poco efectivo”. A la vez, apuntan que una “política social bien diseñada no debería competir con el mercado de trabajo”.


“Esta estrategia de política social es un fracaso absoluto. Ni cuando la Argentina crecía este paquete se mostraba efectivo para sacar a las personas de la pobreza”, puntualiza Quetglas. Y agrega: “Esta política no resuelve porque no tiene una buena lectura de qué es la pobreza”.


En la UCR consideran que la política social debe estar orientada a “capitalizar a los sectores más vulnerables”. La estrategia, remarcan, debe estar más alineada con “la productividad, la promoción humana y la construcción de capacidad” que con el control social.


Para Quetglas, es necesario terminar con “la cronificación de los planes sociales” y recuperar la idea de la integración social a través de la producción y el trabajo. Entienden que la protección social para situaciones de empleo o vulnerabilidad debería tener un rango temporal y de emergencia.


En JxC también advierten sobre una “dispersión” de los programas sociales -hay más de 100 en el Ministerio de Desarrollo- por lo que plantean crear una unidad que los administre. Por caso, Mondino propone reempadronar a todos los beneficiaros del Potenciar Trabajo o Alimentar y articular con los gobiernos provinciales para evitar superposición de programas.


En la coalición opositora concuerdan en que el Estado debe recuperar la política social: “No se puede entregarle la asignación de recursos a las organizaciones sociales”, remarca Mondino.


En el larretismo consideran que las organizaciones piqueteras pueden ser parte del rediseño de la política social. “¿Cómo integramos la economía popular al mercado? Ahí pueden tener un rol en la formación, en las unidades productivas y en la asistencia técnica”, señalan fuentes porteñas.


Control estatal


En ese sector de Pro entienden que el plan Potenciar Trabajo debería tener un diseño similar al de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no ser manejado por las organizaciones sociales. El Estado, remarcan fuentes porteñas, debe otorgar los programas de forma directa, con “criterios claros” y condicionalidades.


En la tropa de Bullrich no comparten la mirada de Migliore sobre la política social. “No cambian el chip”, dicen cerca de la titular de Pro, quien rechaza la continuidad de un sistema similar al actual que consolide la pobreza. Y avisó que los planes sociales deben durar seis meses. También difieren sobre la economía popular.


Hasta ahora, los contactos entre Juntos por el Cambio y las organizaciones sociales son informales. Si bien existe un espacio de diálogo en la Ciudad -donde participaba hasta hace unos días Daniel Barberis, representante de Bullrich-, las conversaciones no giran en torno al plan de 2023. En esas charlas en las que “comparten experiencias” participaron referentes sociales e incluso líderes del Movimiento Evita, como Fernando “Chino” Navarro. “Ellos ya saben qué vamos a hacer. No vamos a meternos a mediar entre Grabois y Batakis”, aseguran.


Por Matías Moreno

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