La Deuda Oculta
Los dólares ¿alcanzan?
Juan C. Sánchez Arnau
Economista y diplomático
Para poder responder a esta pregunta debemos, primero, pasar revista al conjunto de las deudas públicas y privadas que vencen en el 2021 y luego, analizar los posibles resultados de las transacciones internacionales previstas (importaciones, exportaciones, servicios y otras transferencias por “royalties”, utilidades y otros factores) y las reservas más los ingresos de la cuenta capital que puedan registrarse en el curso del año.
Las deudas con los organismos financieros internacionales
Buena parte del año pasado fue dedicado por el Ministro de Economía a la renegociación de la deuda en bonos y en dólares, primero aquella con jurisdicción en New York y luego aquella de jurisdicción nacional. La propuesta final tuvo una amplia aceptación y, en un primer momento, el riesgo país, es decir la diferencia entre la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los bonos argentinos, cayó fuertemente. Se había alejado la obligación del pago de intereses y capital por un par de años y solo quedaba en el horizonte la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. De esta, USD 3.650 millones de capital y unos USD 1.300 millones de intereses vencen en el curso de este año 2021. Los vencimientos mayores, hasta completar la suma de aproximadamente 43.904 millones de dólares caen en los años 2022 y 2023, pero el Gobierno aspiraba -y aspira aún- a cancelar esa deuda con los futuros desembolsos de una nueva Facilidad Extendida que postergaría aquellos vencimientos por varios años más. Hoy, esa negociación no parece tan fácil, dada la importancia del déficit fiscal con el que terminó el año 2020 y el que nos anuncia el presupuesto de 2021 que, por otra parte, se ve ya de muy difícil cumplimiento.
A esta deuda debe agregarse aquella con los restantes organismos financieros internacionales: Banco Mundial, BID, Corporación Andina de Fomento (hoy ”Banco de Desarrollo de América Latina”). Según el último informe Broda, los vencimientos por esa deuda para el año 2021 llegan a 1.839 millones de dólares, de los cuales 1.471 serían atendidos con nuevos desembolsos y el resto con reservas[i].
Algo distinto es el caso de la deuda con el llamado “Club de París”. Se trata de la consolidación de las deudas que el Gobierno argentino contrajo con las diferentes agencias de seguro de crédito a la exportación y a la inversión de diversos países (los Export-Import Banks de Estados Unidos y de Japón; el Hermes de Alemania, COFACE de Francia y otros). Esa deuda, ya renegociada por el ex Ministro Kicillof, supera hoy los 2.123 millones de dólares, está en default y con intereses y penalidades se acerca a los 2.500 millones. De no cancelarse unos 2.152 millones de esa deuda en mayo de este año, las empresas argentinas continuarán sin la posibilidad de recibir préstamos a largo plazo o inversiones de empresas de aquellos países cubiertas por la garantía de las mencionadas instituciones. Todo aconsejaría su pronta cancelación, dado que no será fácil renegociar lo ya renegociado y que una condición para hacerlo es que el país tenga un acuerdo vigente con el FMI.
Pero aquí no terminan las deudas del país. Existe una amplia gama de deudas menos conocidas, que aparecen cada tanto en la prensa y que hemos tratado de resumir en este artículo, para permitir una visión más exacta del futuro del sector externo argentino.
Las deudas de las Provincias
El stock actual de deuda de las provincias llega a 23.700 millones de dólares[ii]. Aquí hay que distinguir entre aquellos casos en que la deuda ya ha sido reestructurada, las que están en proceso de renegociación y las que se pagan normalmente con los recursos propios de la jurisdicción[iii].
La primera provincia que consiguió reestructurar su deuda emitida en bonos y en dólares, fue Mendoza, que tenía una deuda por USD 530 millones con vencimientos de capital entre 2022/23 y 24 y una tasa de interés del 8,375%. En septiembre del año pasado logró extender los vencimientos de capital hasta 2029 y reducir la tasa de interés al 4% anual, de modo que obtuvo una quita cercana a los 80 millones de dólares.
La segunda, fue Río Negro, que adeudaba USD 300 millones pagaderos en tres cuotas anuales entre 2023 y 2025. Obtuvo correr esos vencimientos a partir de 2024 y hasta 2029, con una baja de intereses que le significará un ahorro del orden de los 45 millones de dólares.
La tercera fue la Provincia de Córdoba, que finalizó recientemente la renegociación de una deuda de 960 millones dólares, bajando la tasa promedio de intereses del 7,23% al 6,08 y corriendo vencimientos. Sin embargo, el Ministro de Economía de la Nación ha expresado sus reservas acerca de la posibilidad de cumplir con ese acuerdo porque considera que no se ajusta a las pautas fijadas por su Ministerio.
La cuarta fue Neuquén, que tenía una deuda por 683 millones de dólares, divididos en dos bonos, uno respaldado por regalías petroleras y otro sin ese respaldo. El primero logró renegociarlo con una baja de intereses del 8,62 al 5,17%, el restante bajando la tasa desde el 7,5% al 2,5 en los primeros años y llegando al 6,87% en el tramo final.
La quinta fue la Provincia de Entre Ríos, que había emitido un bono por USD 500 millones con vencimiento en 2025. El Gobierno de la provincia, en medio de la negociación, dejó de pagar en agosto de 2020 intereses por 28,7 millones de dólares. Los acreedores que no habían aceptado las propuestas de renegociación optaron por presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de New York pidiendo la cancelación total de la deuda. Esto indujo a las autoridades de la Provincia, con el apoyo del Ministerio de Economía de la Nación, a mejorar la oferta incluyendo pagos en efectivo a corto plazo. Oferta que fue aceptada por los acreedores y que en estos momentos está siendo instrumentada.
En cambio, no han logrado hasta ahora completar la renegociación varias provincias. El caso más importante es el de la Provincia de Buenos Aires, que tenía al 30 de junio de 2020 una deuda total equivalente en dólares de 10.333,1 millones. De este monto el 85,4% era deuda en moneda extranjera: 73,4% en dólares; 13,2 en Euros y 0,6% en otras monedas. A su vez, esa deuda se dividía de la siguiente forma:
5.797,83 millones de dólares en bonos en dólares bajo Ley internacional
1.173,33 millones de dólares en bonos en Euros bajo Ley internacional
1.018,93 millones de dólares en bonos bajo Ley local.
Los que hacen un total de 7.990 millones de dólares, de los cuales un 28,1% vencen antes del 30 de junio de 2021 y el 44,5% entre esa fecha y el 30 de junio de 2025. El Gobierno de la Provincia intenta renegociar ese monto con una quita del 55% sobre los intereses y del 7% sobre el capital, 3 años de gracia para comenzar los pagos y extender los vencimientos de 4 a 13 años. Hasta aquí, a pesar de diez prórrogas de la fecha límite para aceptar el canje, no ha obtenido el acuerdo de los acreedores.
Al margen de esta cifra, la Provincia de Buenos Aires tiene unos 816 millones de dólares de deudas con los organismos financieros internacionales y con la OCDE que no entran en dicho canje[iv].
Las restantes provincias con deudas de este tipo son: Chubut, con una deuda de 650 millones; Salta con 350 millones; La Rioja, con 300 millones; Chaco, con USD 257 millones; y Tierra del Fuego, con 170 millones. Es decir que tenemos alrededor de 9.700 millones de deudas provinciales sin reestructurar y en varios casos con serios problemas para poder hacer frente a los próximos vencimientos. Además, la experiencia reciente de Entre Ríos indica que, para poder completar esas renegociaciones va a ser necesario recurrir a pagos en efectivo, al menos parciales, para atender los vencimientos más próximos.
Para completar el panorama cabe señalar que la Provincia de Santa Fe tiene una deuda por 500 millones de dólares que hasta aquí paga regularmente. A su vez, la Ciudad de Buenos Aires, tiene una deuda que al 31 de diciembre de 2020 llegaba a los 2.724 millones de dólares, divididos de la siguiente manera:
1.060 millones en dos bonos Tango
749 millones en deudas con el Mercado Local
713 millones con un conjunto de instituciones financieras internacionales (en orden de importancia: Banco Mundial, Eximbank, BID, Corporación Financiera Internacional, Gobierno de España, Banco Europeo de Inversiones y CAF.
201 millones en un bono colocado en el mercado local.
De esta deuda, bien distribuida en término de vencimientos a lo largo del tiempo, 99 millones de dólares vencen en el curso del año 2021.[v]
Por otra parte, las provincias de Buenos Aires y Córdoba tienen otras deudas por unos 50 millones de dólares con algunos de aquellos organismos internacionales (incluyendo en este caso Fonplata), a las que se les suman deudas menores de Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santa Fe.
Además, Jujuy tiene contraída una deuda de 331,5 millones de dólares con el Eximbank de los Estados Unidos, bajo condiciones concesionales: 15 años para la amortización y 3% de interés, que fue tomada para la construcción del Parque Cauchari (fotovoltaico).
Neuquén, a su vez, tomó una deuda por 100 millones de dólares con el Credit Suisse, a 7 años con una tasa Libor mas 7%, con garantía de regalías petroleras y tomado a los fines de financiamiento de caja.
El “maldito” CIADI
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) es una institución del Banco Mundial cuyo objetivo es servir de ámbito de solución de diputas entre empresas y Estados, cuando las inversiones de las empresas están amparadas por un Convenio de Promoción y Garantía de Inversiones que estipula que, en caso de diferencia entre las partes, si la disputa no ha sido resuelta por los tribunales del Estado demando dentro de un plazo razonable, pueden recurrir al CIADI. Tras un intento de arreglo amigable entre las partes, cada una nombra un árbitro y los dos elegidos designan un tercero que tendrá, en definitiva, la función de zanjar la diferencia entre las partes.
La República Argentina ha sido el país más demandado ante el CIADI, por tres razones. La primera es la gran cantidad de modificaciones de las condiciones contractuales de concesiones, generalmente de servicios públicos; expropiaciones no compensadas según lo previsto en los contratos; o anulación de contratos de compras o de servicios sin mediar la compensación prevista. Hasta enero de 2021, la República Argentina fue llevada a este tribunal en 56 oportunidades, 48 casos ya están zanjados, casi invariablemente en contra de nuestro país y 8 están pendientes. En los últimos diez años Argentina habría pagado, según una presentación del Gobierno argentino ante la Stock Exchange Commission (SEC) 17.400 millones de dólares en bonos o en efectivo por esos fallos. De los casos con sentencia adversa, hay seis pendientes de resolución por un importe de USD 804 millones y otros cinco con demandas por USD 1.600 millones[vi].
República Argentina. Casos ante el CIADI como demandada
Pendientes a enero 2021
1.Orazul International España Holding SL. 2019. Distribución eléctrica
2. Nationale-Nederlanden Holdinvest B.V. and others. Sistemas de pensiones
3. MetLife, Inc. Metlife Serivicios S.A. Metlife Seguros de Retiro S.A. Sistema de pensiones
4.Webuild S.p.A. (formerly Salini Impregilo S.pA.). Construcción de autopistas
5. Casinos Austria International GmbH and Casinos Austria Aktiengesellschaft. Casinos
6. HOCHTIEF Aktiengesellchaft. Contrato construcción autopistas
7. Unisys Corporation. Proyecto de conformación y administración base de datos
8. AES Corporation. Generación y distribución de electricidad
Fuente: BIRF. CIADI. Casos pendientes, por país y condición.
La “deuda eterna”
La incompresiblemente ponderada renegociación de la deuda durante el gobierno de Néstor Kirchner todavía no terminó de cerrarse. Aún quedan fallos adversos impagos de deuda en default no canjeada en 2005 y 2010. Los montos en juego superan los USD 830 millones, de los cuales el Gobierno argentino se ha comprometido a pagar 294,4 millones a tres fondos de inversión: Attestor Master Value, Trinity Investments y Bainbridge Fund. Por otra parte, hay reclamos judiciales de tenedores de los bonos ajustables por PBI en tribunales de New York por unos USD 800 millones y por USD 400 millones en los de Londres. Esos juicios se originaron en las manipulaciones estadísticas del INDEC con fines de disminuir el monto de los intereses a pagar.
Si algún día se pudiera computar todo lo que fue necesario pagar a los “holdouts” en 2010 y posteriormente, más lo que ha surgido de fallos adversos vinculados a esa negociación y los costos financieros adicionales que debieron pagar las empresas argentinas por el alza del riesgo país como consecuencia de las condiciones impuestas a los acreedores en aquella negociación, seguramente llegaríamos a cifras que podrían en evidencia lo erróneo que fue el criterio bajo el que se condujo aquella renegociación.
Finalmente, y como producto de las deudas renegociadas en el 2020, habría unos 166 millones de dólares a pagar en el curso de 2021[vii]
La deuda de las empresas públicas
Resulta muy difícil conocer las cuentas de las empresas públicas. Están caracterizadas por la falta de transparencia y los grandes atrasos en las auditorías de los organismos de control. Sólo hemos podido encontrar referencias a deuda en divisas de Aerolíneas Argentinas. Se trata de una deuda que, a fines de 2019 llegaba a los USD 277,5 millones. Una parte importante era el remanente de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BANDES) para la compra de los aviones Embraer. Atento la parálisis del sector aeronáutico en 2020 y el déficit operativo permanente de la empresa (USD 680 millones en 2019, con el mercado aún funcionando en condiciones normales), cabe suponer que esta deuda, así como las deudas por el “leasing” de otros aviones con las empresas GE Air Lease Corp, Aavalon, Aviation Capital Group y Air Castle, tendrán que ser renegociadas o enfrentadas con recursos del Tesoro.
En este capítulo deberíamos también incluir las deudas de YPF, primero porque en algún caso el deudor de última instancia es el Estado argentino, y luego porque utilizando su mayoría en el control de la empresa, es el Ministerio de Economía el que está fijando los criterios bajo los que esta empresa renegocia parte de su deuda. Esta tiene tres grandes capítulos.
El primero es un complejo juicio iniciado contra la empresa por Occidental Petroleum Corp. ante el Tribunal de Quiebras de Delaware. El origen es la compra por parte de YPF en los años noventa de la empresa Maxus, propietaria de activos de gas y petróleo en Bolivia que interesaban a YPF. El problema es que dicha empresa había sido dueña de otra, Diamond Shanrock, que fue acusada de haber causado una grave contaminación en el río Paissac en el Estado de New Jersey. Esta empresa, a su vez, había sido comprada por Occidental con una indemnidad sobre los pasivos ambientales de aquella. YPF se desprendió de Maxus en el marco de un acuerdo por el cual YPF le pagó 130 millones dólares y le concedió un préstamo por 63,1 millones para cerrar eventuales reclamos de Maxus y de terceros por pasivos ambientales. Sin embargo, en 2017 Maxus se presentó en convocatoria de acreedores en el citado Tribunal y allí también se presentó Occidental reclamando contra YPF por los daños ambientales causados por la mencionada Diamond Shamrock. En definitiva, lo que se plantes es saber si Repsol, que era la controlante de YPF en aquel entonces, conocía la existencia de aquellos pasivos ambientales o si los mismos fueron cancelados por la referida indemnidad. Pero el problema es que YPF también quedó involucrada en este caso.
El segundo capítulo es el juicio que el fondo Burford Capital lleva contra la República Argentina e YPF, luego de adquirir el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia Eskenazi, originada por la expropiación de YPF en 2012. Dicho fondo pagó por los derechos del juicio 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia, cuyo monto es difícil de determinar. El juicio está radicado en el Tribunal del distrito Sur de New York. Allí la Jueza Loretta Preska aprobó recientemente un calendario que permitiría contar con un fallo hacia fines de este año. Por ello, si el mismo fuera en contra de nuestro país, difícilmente incidiría en las cuentas nacionales antes del año próximo.
Queda finalmente el caso de la renegociación de los títulos emitidos por YPF. Atento la existencia de vencimientos de deuda por 412 millones de dólares a fines de marzo de 2021, la empresa ofreció a sus acreedores canjear los emitidos hasta ese momento, por un monto aproximado de USD 6.200 millones, por otros tres: uno con vencimiento en 2026, respaldado por el flujo de exportaciones de la empresa; y otros dos con vencimientos en 2029 y 2033 sin ese respaldo. Estos bonos no tendrían quita sobre el capital ni sobre los intereses. Sin embargo, al llegar el vencimiento de la oferta presentada ante la Securities and Exchange Commission el día 21 de enero de 2021, no consiguió la aprobación mínima requerida del 60% de los tenedores de cada uno de los títulos renegociados. Ante esta situación la empresa ha planteado una revisión de su oferta, mejorando el respaldo en efectivo otorgado a algunos de los bonos y rebalanceando la cantidad de bonos garantizados al 2026. Las informaciones disponibles indican que YPF ya habría llegado a un acuerdo con los acreedores sobre la base de esta nueva oferta
Resulta interesante señalar que las actuales autoridades de YPF sostienen que han sido obligadas a esta renegociación como producto del endeudamiento con que la recibieron de la administración Macri. Sin embargo, las cifras disponibles indican que aquella administración recibió en 2015 la empresa con una deuda de USD 8.560 millones y la entregó a fines de 2019 con una deuda de USD 7.810 millones, es decir un 9% menor. De la deuda original, unos USD 4.200 millones fueron contraídos durante la “gestión Galucio”, después de la expropiación de la participación de Repsol[viii].
La deuda de las empresas privadas
¿Por qué considerar las deudas de las empresas privadas en este caso? Por la sencilla razón de las divisas para pagarlas salen de una misma caja: las reservas del BCRA. Y como los dólares son escasos, el BCRA emitió el 15 de septiembre último una comunicación estableciendo que aquellas empresas con deudas con vencimientos superiores al millón de dólares mensuales deberían atenderlas con recursos externos propios o, en su defecto, presentar al Banco Central un proyecto de renegociación de esas deudas, dado que el BCRA no podría poner a disposición de las empresas más del 40% del monto adeudado. Esta disposición afectó inicialmente a 1450 empresas privadas, con deudas cuya mayor parte son obligaciones negociables y líneas de financiamiento en dólares tomadas con bancos en el exterior. Atento a las dificultades planteadas a muchas de esas empresas, el BCRA decidió recientemente ampliar el piso de los vencimientos mensuales a dos millones de dólares. Hasta aquí no resulta posible determinar cuál va a ser el monto de divisas necesario para atender los vencimientos de estas deudas en el curso de 2021.
La deuda contabilizada y la deuda incierta
Si recapitulamos podemos estimar una deuda pública a pagar en 2021 del orden de los ocho mil millones de dólares: 4.959 millones con el FMI; 2.500 con el Club de París; 368 a los restantes organismos financieros internacionales y 166 por bonos. A ello hay que agregar deudas resultantes de juicios, algunos ya firmes por algo más de 2.300 millones (1.500 de “deuda vieja” y 804 del CIADI). Otros 99 millones por vencimientos de la deuda de CABA y un par de cientos de millones más de vencimientos de las deudas “no en default” de Jujuy y Santa Fe y de las recientes renegociaciones de Mendoza, Córdoba y Entre Ríos. Es decir, unos 10.500 millones de “deudas ciertas y difíciles de postergar”. Resulta difícil, en cambio, tener certeza sobre el monto que será necesario pagar para evitar el “default” del resto de las deudas de las provincias en vías de renegociación. Recordemos que estas llegan a 9.700 millones de dólares. Otro factor de incertidumbre es la deuda de YPF y la del sector privado.
En lo que se refiere a la deuda con el FMI, en las condiciones actuales vemos pocas posibilidades de un acuerdo de Facilidades Extendidas. Aún en el caso de que se lograra, como aspiran algunos miembros del Gobierno, un acuerdo “light” por el que la condicionalidad se limitara a las metas fiscales, cabe pensar que la demanda del Fondo sería bajar sustancialmente el déficit fiscal previsto en el Presupuesto de 4,5 puntos del PBI a la mitad. Si tenemos en cuenta que hoy ese objetivo presupuestario ya es difícil de alcanzar, dado que no existe intención de ajustar las tarifas y por tanto bajar los subsidios, lo suficiente como para lograrlo, no queda más recurso que el incremento de ingresos tributarios o previsionales, también muy difíciles de alcanzar. Cabe señalar, sin embargo, que las cifras de flujos de ingresos y egresos fiscales del primer mes del año están demostrando un fuerte ajuste (gracias al incremento de los ingresos tributarios y la baja de las jubilaciones y de algunas transferencias)[ix]. Habrá que ver entonces si, en medio de un año electoral, el Gobierno estaría en condiciones de mantener esa política como para poder llegar a “ponerse a tiro” de lo que podrían ser unas ligeras exigencias de parte del FMI. En cambio, si la condicionalidad de un nuevo Acuerdo de Facilidad Extendida fuese la normal (la que el Fondo planteó al Gobierno de Ecuador recientemente, por ejemplo), obligaría al Gobierno a emprender una serie de reformas vinculadas a las causas reales del déficit fiscal que no están en su agenda (reforma tributaria, laboral, movimiento de capitales), por lo menos en plena campaña electoral. De allí que vemos como más probable una postergación de este acuerdo por lo menos hasta después de las elecciones.
Le queda entonces al Gobierno la perspectiva de tener que hacer frente solo con recursos propios a la totalidad de la deuda que vence este año con el FMI, más la del Club de París y las restantes deudas que hemos mencionado más arriba. De todas ellas, vemos la deuda de la Provincia de Buenos Aires como un escollo mayor.
Los recursos
Según un reciente estudio de J. P. Morgan[x], las reservas de líquidas, sin contar el oro, del BCRA eran al 12 de febrero 2021 negativas en unos 1.600 millones de dólares Al mismo tiempo hay un número creciente de amparos judiciales pidiendo la entrega de dólares para pagar importaciones ya autorizadas. Esto es a pesar de que en las últimas semanas el BCRA ha comprado unos 1.172 millones de dólares mientras que las reservas brutas solo crecieron en 717 millones. Esto se debe a que el BCRA interviene comprando y vendiendo bonos de la deuda argentina (AL30 básicamente) en el mercado interno para tratar de contener el valor del “dólar MEP” y del “Contado con Liqui”. Así ha logrado que, desde diciembre, el primero retrocediera un 2,6% y el segundo un 2,5% mientras la inflación en ese período ha sido de más del 10%. De este modo sus tenencias de bonos han perdido valor por unos 600 millones de dólares[xi]. Por otra parte, estas operaciones han generado una fuerte baja de los títulos argentinos, llevando a la fecha el riesgo país a las cercanías de los 1.600 puntos.
Cabe aquí señalar que esta operatoria del BCRA ha terminado de liquidar la poca confianza que existía en nuestras autoridades monetarias. Estos bonos hoy malvendidos, se entendía que el Gobierno argentino, a través del BCRA y de la ANSES, los conservaba para defender su valor y atenuar la eventual baja del riesgo país contribuyendo así a bajar la tasa de interés de futuros préstamos. El camino seguido ha significado que, desde su emisión, los nuevos bonos perdieran alrededor de un 30% de su valor, afectando así las reservas propias -como indicado más arriba- y ocasionando pérdidas adicionales a quienes los aceptaron al fin de la renegociación.
De este modo, no pudiendo contar con nuevos préstamos, para poder hacer frente a la deuda, el Gobierno argentino y el BCRA solo podrán disponer en el 2021 con el excedente de la balanza comercial y con el eventual ingreso de Derechos Especiales de Giro, si se concreta la distribución prevista por parte del FMI.
En 2020, el excedente de la balanza comercial fue de 12,528 millones de dólares, a los que resulta necesario restar 1.596 millones por el pago de servicios. Todo esto en un contexto de fuerte limitación de las importaciones y de caída de estas por la falta de actividad derivada de las medidas vinculadas a la lucha contra la pandemia. Para el año en curso hay expectativas de ingresos adicionales de entre 6.500 y 10.000 millones de dólares, como producto del aumento de los precios de los granos y la carne y de una leve mejora en la cosecha.
Al mismo tiempo, deben señalarse tres factores que van a incidir sobre estos resultados. El primero es que, a los efectos de frenar la inflación, el Gobierno ha decidido bajar la tasa de devaluación a no más del 25% para el resto del año. Este potencial atraso del tipo de cambio va a frenar las exportaciones no agropecuarias y pondrá presión adicional del lado de las importaciones. El segundo, tiene que ver justamente con estas últimas. El nivel de importaciones actual es muy bajo con relación al producto y si este -como es previsible- aumenta con la reactivación de la actividad económica, pondrá una fuerte presión adicional sobre las importaciones de partes e insumos, y eventualmente sobre las de bienes de capital. Y aquí aparece una fuerte incógnita relacionada con las importaciones de energía. La incertidumbre sobre la política tarifaria no permite hacer pronósticos ciertos, pero no sería de descartar que en el 2021 nos encontremos nuevamente con fuertes importaciones de gas. El tercer factor a tener en cuenta es que el año pasado las remesas al exterior rentas y utilidades del sector privado fueron mínimas ¿podrá mantenerse esa situación en el curso de este año?
Conclusión
En todo caso, nuestra conclusión es que para poder hacer frente a una deuda de la magnitud que hemos estimado con los recursos previsibles, será necesario llevar adelante políticas que acentuarán la contracción de la producción y limitarán el crecimiento potencial.
De todos modos, nos quedan serias dudas sobre el impacto que podrían tener algunas de las “deudas inciertas” que hemos computado más arriba si el Gobierno no pudiera evitar su postergación. El “default” de algunas de estas deudas siempre es posible, pero las consecuencias no son siempre previsibles.
En este contexto, vemos un riesgo importante de que, sin acuerdo con el FMI, contando con limitados recursos y con el optimismo que genera el crecimiento en curso en China, el Gobierno del Presidente Fernández termine recurriendo a este país como prestamista de última instancia. Los intereses de lo que obtenga podrán ser muy bajos, pero la condicionalidad puede ser muy gravosa para el interés nacional.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2021
[i] Estudio Broda: “Ciclo económico, político y financiero”. Marzo 2021. [ii] Invecq: “Cuidado: provincias reestructurando”. Informe al 3 de marzo 2021. [iii] Para una descripción de las operaciones originales de las provincias, puede consultarse: Frugoli, Ernesto y Lorenti, Nicolás: “Endeudamiento de las Provincias y CABA” publicado por la Fundación Centro de Estudios para el Cambio Estructural (FCECE), Buenos Aires, junio 2020. [iv] Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Finanzas: “Informe de deuda al 30/06/2020” [v] Buenosaires. Gob.ar/Stock de deuda y vencimientos 2019/2020. [vi] Maril, Sebastián: “Los otros vencimientos del Gobierno” (blog) [vii] Broda, ibid. [viii] Apud, Emilio: “Nota sobre el endeudamiento de YPF”. Enero 2021. [ix] Sánchez Arnau, J. C: “¿Comenzó el ajuste?. El Economista febrero 2021. [x] J. P. Morgan: “La política monetaria en el laberinto”. Febrero 2021 [xi] Federico Furiase, EcoGo, citado por Infobae 18 de febrero 2021. Otra estimación lleva esa pérdida a los 2.400 millones de dólares: Juan Gasalla, Infobae, 1º de marzo de 2021.