• Miguel Ángel Toma

Una amenaza a la integridad territorial argentina

Miguel Ángel Toma*


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Las RAM aspiran a constituir una nación independiente, con la excusa de recuperar su territorio ancestral en nuestra Patagonia, con una clara metodología terrorista y secesionista.


No solo nuestro país es apetecible por sus riquezas naturales, también lo es por su posición geográfica. La Patagonia es el asiento de grandes recursos minerales como el oro, la plata, el uranio, el litio y uno de los más grandes reservorios de gas y petróleo no convencionales: Vaca Muerta. También lo es de agua dulce en la región cordillerana, como así también de la fauna ictícola, hoy depredada por diversos países y en particular China, en nuestra plataforma continental.


Su significación estratégica está dada por su proyección hacia la Antártida, por el control del Atlántico Sur y del paso natural entre los dos grandes océanos.


Al control del espacio terrestre y marítimo, con el avance tecnológico, también ahora hay que agregarle la necesidad de controlar el espacio aéreo. Y en este aspecto empezamos mal. Durante la anterior gestión del gobierno kirchnerista se firmó un acuerdo con la República Popular China, que permitió la construcción y operación de una base dual, científico-militar, en Bajada del Agrio, Provincia de Neuquén.


Esto significó una señal de alerta para Occidente y por las características de dicho acuerdo, que impide el control por parte de nuestro país de las actividades que se llevan a cabo, una pérdida de soberanía. Termina por hacer más complejo este panorama, cuando desde el actual gobierno se deja trascender que China se haría cargo de la construcción y explotación de un puerto en Ushuaia para la reparación y el abastecimiento de los barcos pesqueros que operan en el Atlántico Sur y de apoyo logístico para los que operan en la Antártida.


La respuesta no se hizo esperar. Chile anticipó que prevé desarrollar un polo similar en Punta Arenas y Gran Bretaña anunció que reforzará su presencia militar en las Islas Malvinas al mismo tiempo que ampliará las instalaciones de Puerto Argentino con esa misma finalidad. En síntesis, el manejo irresponsable de la política exterior ha provocado que el Cono Sur, una zona de paz, se esté convirtiendo en un eventual teatro de operaciones del conflicto estratégico del siglo XXI: la confrontación entre Occidente y China, al mismo tiempo que nuestro país pierde protagonismo y soberanía en esta área del planeta.


El accionar violento de las RAM, agrava este panorama. Sus acciones no constituyen simplemente delitos comunes tipificados en el Código Penal. Se proponen constituir una nación independiente, con la excusa de la recuperación de su territorio ancestral en nuestra Patagonia, con una clara metodología terrorista y secesionista que nos recuerda al intento del ERP, en la década del setenta, en la provincia de Tucumán. Y no hay que hacer inteligencia para verificarlo, basta simplemente con leer sus manifiestos y las expresiones de su máximo referente Facundo Jones Huala.


Todo ello, ¿casualmente? apoyado judicialmente por una organización de abogados que tiene entre sus impulsores a vetustos ex Montoneros como Cirilo Perdía o Fernando Vaca Narvaja y con la permisividad, cuando no directamente con la complicidad y el apoyo de organismos federales como el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dirigido por Magdalena Odarda y Luís Pilquimán.


El gobierno nacional, sin duda imbuidos del espíritu setentista del que se vanagloria, lejos de concurrir con fuerzas federales en número suficiente para neutralizar esta amenaza, le niegan el apoyo al pedido de una gobernadora que advierte de la magnitud del riesgo para la seguridad de quienes habitan la región y para el ejercicio real de la soberanía y la preservación de nuestra integridad territorial.


El mismo espíritu que primó en la defensa de Facundo Jones Huala por parte de nuestro Embajador en Chile, que incluso dio lugar a una fuerte protesta diplomática.



Las RAM y los grupos que la constituyen no actúan independientemente, sino que son parte de una estrategia más amplia de lo que se ha definido como nueva izquierda, y que se vinculan a organizaciones terroristas que operan en América Latina, narco guerrillas como lo fueron las FARC en su momento, o que reciben el apoyo de gobiernos con los que la administración kirchnerista se ha alineado: Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro en Venezuela, Cuba o Nicaragua.


Basta para confirmar esta afirmación lo que en el año 2015 expone el jefe de la policía colombiana, José León Reiñao ante sus pares chilenos. En efecto, les informa que en un combate entre el ejército de ese país y un grupo de las FARC muere Raúl Reyes, a la sazón el número dos de esa narcoguerrilla, y se incauta su computadora. Uno de sus interlocutores era Facundo Jones Huala con quien intercambiaba correos en orden a proveer elementos de formación de cuadros para actividades insurgentes y apoyo logístico, incluido el envío de algunos de los miembros de las RAM para su instrucción militar en el terreno.


La decisión del gobierno chileno de enviar sus fuerzas armadas a la zona de la Araucanía implica en el corto plazo un recrudecimiento de la actividad de estos grupos en nuestro territorio, por la sencilla razón de que cuando una zona se satura por la presencia del Estado y sus instituciones, los grupos que allí operan, migran hacia zonas donde existe permisividad o apoyo para su accionar. Obviamente el territorio de repliegue será nuestra Patagonia.


Y frente a la grave situación aquí descrita, la actual administración, enredada en sus propias contradicciones, pareciera más preocupada por resolver los problemas de quienes gobiernan que los que afectan a los intereses estratégicos de la Nación.


* Exsecretario de Inteligencia.

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